¿Qué es el Certificado de Eficiencia Energético en Edificios existentes? 

El Certificado de Eficiencia Energética es un documento que describe lo eficaz que es un inmueble en cuanto al consumo de energía. Se determina la Calificación Energética del bien mediante una etiqueta. En el Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, se aprueba el Procedimiento Básico para la Certificación de la Eficiencia Energética de los Edificios. Este Real Decreto se enmarca dentro de la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de Diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios, que establece las exigencias relativas a la certificación energética de edificios. El Real Decreto 235/2013 establece que en todos los contratos de compraventa o arrendamiento celebrados a partir del 1 de junio de 2013 será exigible la presentación o puesta en disposición de los compradores o usuarios de los edificios del certificado de eficiencia energética de la totalidad o parte de un edificio. 

Modificaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.

El pasado 5 de junio se publicó en el BOE la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Esta Ley está articulada entorno a tres ejes fundamentales: por una parte modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 en aspectos fundamentales de las misma; en segundo lugar modifica la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil en lo relativo al procedimiento de desahucio; y en último lugar contempla la creación de un Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler. Este registro se regulará por Real Decreto, quedando de momento, por tanto sin especificar, su organización y funcionamiento. El objetivo fundamental de la presente Ley es flexibilizar el mercado del alquiler para lograr la necesaria dinamización del mismo, por medio de la búsqueda del equilibrio entre las necesidades de vivienda en alquiler y las garantías que deben ofrecerse a los arrendadores para su puesta a disposición del mercado arrendaticio. Así pues, se refuerza la libertad de pacto, dándose prioridad a la voluntad de las partes. La presente Ley excluye de su ámbito de aplicación los arrendamientos turísticos realizados entre particulares para que queden regulados por la normativa sectorial específica o, en su defecto, se les aplique el régimen de los arrendamientos de temporada, que no sufre modificación.

Destacamos a continuación los puntos más importantes de la presente norma: